En el marco de una reforma fiscal integral, el sindicato propuso así modificar los sistemas de control del fraude, potenciar los recursos materiales y humanos de las distintas administraciones tributarias y lograr una organización más eficaz en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal.

Desde la organización se puso el acento en que las actividades económicas generadas por los empresarios y profesionales muchas veces no sufren retención alguna y en ellas es factible deducir gastos.

Indicó que las empresas por módulos pueden generar facturas falsas, de modo que el empresario emisor de la factura no obtiene ingresos, mientras que el receptor de dicha factura sí tiene un gasto en el IRPF o una cuota deducible en el IVA.

«Estas modalidades de fraude fiscal llevan aparejado un fraude en la concesión de determinadas ayudas públicas ligadas a rentas declaradas», añadió la organización.

A ello se añade la «clara insuficiencia» del personal encargado del control de la actuación fiscal de las grandes empresas y del resto de declarantes. Según datos de UGT, 30.000 grandes empresas que facturan más de 6 millones de euros están supervisadas por 95 funcionarios.

El censo de obligados a declarar abarca a más de 17 millones de declarantes de IRPF, 3,3 millones de empresarios y profesionales, 2,3 millones de sociedades y 1,8 millones de otros entes jurídicos, mientras que apenas hay 1.600 inspectores, de los que casi un 50% son cargos directivos y no realizan una gestión directa.

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