El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Regulación del Juego, que regulará por primera vez las modalidades de juego de ámbito estatal desarrolladas a través de Internet y de otros medios electrónicos.

La norma define las distintas modalidades y establece los requisitos que deberán cumplir cada una de ellas. Además, fija un régimen de autorización previa para los operadores que quieran explotar alguna actividad relacionada con el juego.

El Proyecto de Ley prevé la creación de un órgano regulador en la Administración del Estado, la Comisión del Juego, que se encargará de supervisar el cumplimiento de los requisitos fijados a los operadores, de la concesión de licencias y autorizaciones, y de garantizar el correcto funcionamiento del sector del juego.

El único caso al que no se aplicará este esquema es al de la lotería. El texto establece la reserva en exclusiva de la actividad de juego de loterías de ámbito estatal a favor de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, de esta manera, “la ONCE queda reforzada, queda estabilizada”. “Se sitúa en una ley, por primera vez, la regulación de la ONCE que estaba en normas de rango inferior”, ha dicho.

La Ley creará, además, un régimen fiscal específico para las actividades objeto de regulación, que gravará la autorización, celebración y organización de las diferentes actividades de juego que puedan explotar los operadores habilitados, con la excepción de la actividad del juego de las loterías.

El vicepresidente ha afirmado que el juego online “se realiza habitualmente y no paga impuestos”, pero una vez regulado se establecerán “las correspondientes tasas e impuestos”.

La totalidad de los ingresos que se recauden por actividades de juego en línea se destinará a las comunidades autónomas.

Pérez Rubalcaba ha recordado que la nueva regulación está pactada con las autonomías, puesto que casi todas las competencias en materia de juego están en manos de ellas.

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