Si hay una actividad sujeta a múltiples cambios, aparte de la fiscal, ésa es la relacionada con la extranjería. Por este motivo es bienvenido cualquier intento de publicación que pretenda explicar todo ese nuevo contexto legislativo.  El próximo lunes 28 de mayo, a las 19,00 horas, se presentará en la sede del Consejo General de la Abogacía Española el libro ’100 respuestas sobre extranjería’, cuyos autores son Magdalena Queipo de Llano y Sebastián Sánchez, ambos abogados ejercientes en el Colegio de Madrid, y Antonio Hernando, diputado por Madrid y secretario de Política Autonómica del PSOE.

En la presentación del libro participarán Carlos Carnicer, presidente del CGAE, Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, Manuel Campo Vidal, periodista, y los tres autores de la publicación.

El libro esta pensado como una edición práctica para ser utilizada como referencia o guía rápida a la hora de resolver las dudas más habituales sobre la legislación española relativa a extranjería e inmigración. El manual está dirigido a todos los públicos, aporta una visión global, esquemática y accesible, útil tanto para abogados y jueces como para los propios inmigrantes, trabajadores y agentes sociales, miembros de ONG y de las distintas administraciones.

La presentación de este libro tiene lugar cuando aún no se han apagado los ecos de le medida que impide a los inmigrandes sin papeles acceder a la Seguridad Social. Hace unos días.  el Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto-ley con las medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Copago farmaceútico para los pensionistas y trabajadores en activo y fin del llamado “turismo sanitario” son dos de las medidas con las que el Gobierno pretende ahorrar 7.000 millones de euros. De ellos, 500 millones se esperan recortar quitando la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular. Los expertos creen que la medida lleva aparejada varios riesgos, entre ellos, la falta de control de las epidemicas.

Hasta ahora bastaba con estar empadronado, se residiera o no legalmente, para tener derecho a la atención sanitaria. El Ministerio de Sanidad ha inducido una variación en la Ley de Extranjería para que al padrón se sumen otras obligaciones como es al menos estar inscrito como demandante de empleo si has agotado la prestación.

Es decir, en general, implica darse de alta en la Seguridad Social. Una anterior reforma en la ley en el año 2000 regularizó el acceso a la asitencia sanitaria de los inmigrantes “en igualdad” con lo nacionales a todos aquellos extranjeros que únicamente estuvieran empadronados en los municipios.

El cambio entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. A partir de esa fecha las tarjetas sanitarias obtenidas por inmigrantes en situación irregular empadronados en España quedarán anuladas. A partir de entonces, los inmigrantes ‘sin papeles’ solo tendrán cobertura, según el Real Decreto-Ley, en urgencias por enfermedad grave o accidente hasta el alta médica; gestación, parto y postparto. La atención a los menores de 18 años quedará garantizada en igualdad de condiciones con los españoles.

Detenciones  ilegales, prohibidas

Otro asunto de interés relacionado con la inmigración tiene que ver con la nueva instrucción que impartida desde  la Dirección General de la Policía en una nota, recoge las normas ya transmitidas por el comisario general de Extranjería y Fronteras tras las modificaciones legislativas introducidas en 2000 en la Ley de Extranjería y pretende “eliminar cualquier ambigüedad” o interpretación imprecisa.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, decidió oficializar en esta circular las instrucciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para regular de forma “más clara y directa” el tratamiento a los ciudadanos en los controles de identificación y lograr una mayor eficacia policial. Así, la orden especifica que las identificaciones de personas que infundan sospechas se realizarán de forma “proporcionada, respetuosa y del modo que menos incidencia genere en la esfera del individuo”. Reitera también la prohibición de “actuaciones innecesarias, arbitrarias, abusivas o que supongan una extralimitación de las facultades que el ordenamiento jurídico otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

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