Ante las últimas informaciones recibidas con relación a la situación de solicitantes de asilo político y protección internacional en el Puesto Fronterizo Adolfo Suárez-Madrid Barajas, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) realiza el siguiente comunicado.

asilo politico

Desde principios de 2017, y más concretamente desde el mes de julio, ha habido un incremento masivo de solicitudes asilo político de protección internacional en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, en particular, durante el pasado mes de agosto.

A raíz de esta situación, y desde principios de julio, el Ministerio de Interior ha llevado a cabo la autorización y la entrada de numerosos solicitantes de asilo una vez formalizada su petición de protección internacional sin tener que esperar la resolución de la Oficina de Asilo y Refugio, en ocasiones siendo admitidos por la misma Oficina y en algunos casos mediante la autorización de entrada sin haber formalizado su solicitud de protección, algo que es un requisito indispensable para este tipo de solicitudes.

En diversas ocasiones, la Oficina resolvió en el plazo establecido como lega, las solicitudes de protección internacional, siendo muchas de las mismas finalmente denegadas. Todas las solicitudes formuladas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Asilo, fueron comunicadas al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Ante el estado de deterioro y sobreocupación de la Terminal T1 del Aeropuerto de Madrid Barajas, destinada a alojar a los solicitantes de protección internacional, CEAR interpuso queja ante la oficina del Defensor del Pueblo el 28 de julio de 2017, o que propició la visita de la oficina del Defensor del Pueblo a dichas instalaciones para ver y corroborar el estado de precariedad de las mismas.

Problemas estructurales para la ordenación de la solicitud de asilo político en el puesto fronterizo de Barajas

Pese a las incesantes recomendaciones periódicas realizadas por el Defensor del Pueblo a la Administración Española sobre las carencias endémicas, tanto en la gestión del procedimiento como en las condiciones en las que se encuentran los solicitantes de asilo en el Aeropuerto de Barajas, y habiéndose cuadriplicado las peticiones de asilo en dichas dependencias en lo que va de año, considerando inadecuadas dichas instalaciones y el personal asignado (cfr web del Defensor del Pueblo), la situación dista bastante de mejorar con la grave consecuencia de que irá a peor. Estos últimos meses se ha podido comprobar con crudeza dicha situación, una vez visibilizados en forma patente dichas disfunciones, viendo en varios momentos de las visitas, como la capacidad de las salas donde las personas esperan la respuesta a su solicitud se ha visto desbordada (pese a tener un aforo de hasta 80 personas).

Nos consta que los agentes implicados (administración CNP, organizaciones especializadas, intérpretes, organismos especializados, abogados…) hayan llevado a cabo un notable esfuerzo, pero en los últimos meses no se ha dado ningún tipo de medida ni de respuesta adecuada a este grave problema que a diario se vive en la terminal del aeropuerto.

Es por ello por lo que, pese a los esfuerzos individuales, permanecen los mismos problemas estructurales:

– Confusión en ocasiones en la asignación letrada. No se comprueba la opción elegida por el solicitante (abogado de oficio, particular, organizaciones).

– Falta de información, comunicación y notificación a los defensores sobre las actuaciones y resoluciones dictadas.

– Dificultades para coordinar la presentación de los reexámenes.

– Falta de notificación de las denegaciones a los representantes de los solicitantes, así como del momento en que se produce la devolución de los mismos al país de origen.

– Falta de colaboración en la entrega y notificación de resoluciones (e incluso denegación de entrada) por parte de la propia Oficina de Asilo a los representantes legales.

Todo esto, demuestra que esta situación no es puntual, sino que es un problema de estructura, por lo que se ha instado a los poderes públicos a dar una respuesta adecuada a este desafío mediante la colaboración estrecha de todos los agentes y organizaciones implicadas (Organismos internacionales, Organizaciones especializadas, Organizaciones civiles, abogados, interpretes, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Magistratura, etc.…) con la finalidad de poder definir de una forma clara y concisa las atribuciones y funciones de cada uno de estos operadores en dicho procedimiento a fin de garantizar la legalidad y el escrupuloso respeto de los Derechos de todos los solicitantes de protección internacional.

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