“Frente a la corrupción, tolerancia cero. Combatir la corrupción es algo que incumbe a todos los niveles de gobierno, a cada uno en el ejercicio de sus competencias. Y el Gobierno de España ha ejercido con firmeza las suyas y le puedo garantizar que lo seguirá haciendo”, dijo el ministro.
Caamaño consideró que “la corrupción, con independencia de la forma que adopte, pública o privada, urbanística o de otro tipo, afecta al núcleo del sistema democrático, por lo que debe ser perseguida y erradicada sin ningún tipo de miramientos”.
El funcionario recordó varias medidas legales que el Gobierno tomó en este sentido:
A – Reforma la Ley del Suelo para poner fin al “todo urbanizable” que introdujo la ley de 1998.
B – Modificación de la Ley de Montes para protegerlos y evitar que se especule.
C – Aprobación en Consejo de Ministros una reforma del Código Penal en la que se da una nueva regulación a los delitos de corrupción, tanto pública como privada, y se agravan las penas.
Y mencionó otras medidas ejecutivas:
A – Impulso a la Fiscalía Anticorrupción que tenía 10 fiscales en 2004 y hoy tiene el triple.
B – Todas las Fiscalías Provinciales cuentan con secciones especializadas en delitos medioambientales y urbanísticos.
C – Unidad especial de la Guardia Civil.
Caamaño agregó que se han articulado fórmulas de coordinación e intercambio de información entre instituciones vinculadas con este sector como la Agencia Tributaria, Notarios, Registradores y el Catastro.
“La aplicación de todos estos instrumentos está dando sus resultados y eso hace que afloren más casos de corrupción. De hecho, el Grupo de Estados contra la Corrupción –GRECO- reconoce en su Informe de 2009 que ha habido “grandes mejoras” en la lucha contra la corrupción en España”, agregó.
