La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para buscar mecanismos «más fáciles, rápidos y económicos», como el arbitraje, con los que resolver disputas entre consumidores y comerciantes sin necesidad de recurrir a los tribunales, con el objetivo de reforzar la confianza del consumidor en el mercado único europeo.
Los consumidores europeos recurren a estos métodos alternativos, sobre todo, por problemas o quejas relacionadas con el sector de las telecomunicaciones, el turismo y los viajes y los servicios financieros, ha explicado el portavoz comunitario de Consumo, Fredéric Vincent.
Bruselas calcula que las pérdidas de los consumidores por problemas en sus compras suman un 0,3% del PIB europeo y, sin embargo, el 48% de los ciudadanos de la UE dicen que no recurrirían a los tribunales para resolver este tipo de conflictos si el daño no supera los 200 euros, según un Eurobarómetro que se publicará en las próximas semanas. El 8% dice que no iría a los tribunales «en ningún caso».
En la actualidad existen a escala europea unos 750 sistemas de resolución alternativa de disputas (ADR, por sus siglas en inglés), de los que 250 están en Alemania, y en algunos casos los hay para sectores concretos. La mayoría de países de la UE ofrecen este servicio a nivel nacional, pero en España y otros tres países –Alemania, Italia y Portugal– también existe a nivel regional.
Se trata de sistemas en los que participan tanto el sector público como el privado, especialmente para su financiación, y que ponen a disposición del consumidor un mediador, un organismo de conciliación o un tribunal de arbitraje con el que resolver el problema.
Pero Bruselas ha detectado problemas como la ausencia de mediadores en determinados sectores o regiones de la UE, falta de transparencia e información a los consumidores, que no saben qué derechos tienen, y la escasez de compromiso por parte de los comerciantes, habida cuenta de que la mayoría de estos sistemas son de carácter voluntario.
Vincent ha subrayado que «cada vez son más utilizados» y que el objetivo es que «no cuesten nada o poco», unos 50 euros como máximo para el consumidor, y que el tiempo de resolución de las disputas sea «rápido», de unos 90 días.
La consulta pública que inicia ahora el Ejecutivo comunitario estará abierta hasta el 15 de marzo de este año para que todos los interesados puedan expresar su opinión, y posteriormente la Comisión preparará su propuesta legislativa a más tardar en noviembre de 2011.
El comisario de Salud y Protección al Consumidor, John Dalli, ha explicado que con esta consulta espera que los consumidores europeos tengan «más confianza en el mercado único», se sientan «más seguros» en las compras transfronterizas y que se reduzcan los casos en los tribunales.
