Uno de cada tres abogados catalanes considera que la administración de Justicia funciona mal o muy mal y casi el 60% cree que proyecta a la sociedad una imagen anticuada. Esta es una de las conclusiones del tercer estudio realizado por la Cátedra del Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ‘Observatorio Social y Económico de la Justicia’. El informe sobre el estado de la Administración de Justicia en Catalunya durante el año 2018 revela que sólo un 8% de los abogados catalanes tiene la percepción de que el sistema judicial ha mejorado en los últimos años.

Según el estudio, la valoración general que los abogados catalanes hacen de la Administración de Justicia es más bien baja y un 33,7% considera que funciona mal o muy mal, mientras que sólo un 9,6% cree que funciona bien. El resto, el 56,6% opta por ponerle un regular. Estos datos mantienen una tendencia similar cuando la abogacía catalana debe valorar la evolución reciente de esta Administración, con un 28,9% que dice que ha empeorado frente a sólo un 8,4% que considera que está mejorando y con un 62,7% que constata que sigue igual. Sobre la imagen que proyecta la Administración de Justicia, un 59,1% la califica de anticuada, un 39,8% entre moderna y anticuada y sólo un 1,2% la valora como moderna.

En cuanto a la calidad de las sentencias, los abogados catalanes las valoran con un 3,4 sobre 5, con un resultado idéntico al obtenido en el anterior estudio de 2016, mientras que la calidad del trato del juez y de los magistrados obtiene una nota del 3,5. Donde la abogacía catalana pone peor nota (2,8) es en la valoración tanto en el trato dispensado a las víctimas por parte del sistema de justicia penal como en el grado de protección de los derechos de las personas que cumplen penas de prisión.

El informe también evidencia que el número de jueces y magistrados en Catalunya se ha reducido casi un 6% entre los años 2015 y 2017 y se rompe, por primera vez, la tendencia al alza que se venía produciendo desde el año 2007. De esta forma, la ratio de jueces y magistrados en Catalunya por cada 100.000 habitantes es de 10,8. Esto significa que se encuentra un punto por debajo de la media del Estado español y aproximadamente a la mitad de la media de los países de la Unión Europea, que es de 21,2 jueces por cada 100.000 habitantes. El estudio constata, además, que esta disminución de recursos humanos coincide en el tiempo con un incremento de la actividad judicial que se sitúa en torno al 6%, lo que supone un aumento de la carga de trabajo de los jueces y magistrados. Ante esta situación, y de forma general, se concluye que los asuntos tardan más en resolverse en Catalunya que en el conjunto del Estado, especialmente en los recursos civiles, los asuntos por jurado y los sumarios, todos ellos en las audiencias provinciales. En cuanto al tiempo transcurrido entre la fecha de presentación de una demanda y la sentencia fue, en promedio, de 583 días en primera instancia y de 861 días en segunda.

En cuanto a la lengua, el castellano mantiene su hegemonía en la redacción de sentencias y en la tramitación de los procesos. Así, en el año 2018 un 95,5% de las sentencias de primera instancia y un 92,5% de las de segunda estaban redactadas en castellano.

El estudio presentado por el Observatorio Social y Económico de la Justicia, es el tercero que elabora la Cátedra UAB-CICAC desde su creación, en enero de 2015. Ese mismo año se presentó el Informe sobre la reforma de la organización judicial y su impacto en Catalunya, en el que se exponían los efectos que podía provocar la aprobación del proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder judicial presentado entonces por el Gobierno del Estado. Posteriormente el Informe sobre el estado de la administración de justicia en Cataluña 2016, ofrecía un análisis más completo sobre el funcionamiento de este servicio público en Catalunya, proponiendo un sistema de evaluación que permite conocer periódicamente su situación y evolución. El Informe sobre el estado de la administración de justicia en Catalunya 2018, presentado, ha sido elaborado por los investigadores de la Facultad de Derecho de la UAB, Jaume Blasco y Joan-Josep Vallbé.

Más recursos para la Justicia y más agilidad para la Segunda Oportunidad

Por otra parte, la cátedra UAB CICAC también ha hecho público otro informe que recoge los resultados de una encuesta llevada a cabo a una muestra de 114 profesionales de la abogacía de toda Catalunya sobre la Ley de la Segunda Oportunidad. Los resultados de la encuesta evidencian que, a pesar de que en los últimos años ha ido creciendo el número de abogados y abogadas que hacen uso del mecanismo previsto en esta ley, sigue siendo infrautilizado y desconocido por la mayor parte de la ciudadanía. La ley, que se aprobó en 2015, ofrece un mecanismo legal para dar salida a pequeños empresarios, autónomos y particulares que han quebrado y no pueden hacer frente a su deuda. La mayoría de los encuestados, sin embargo, critican la falta de agilidad del mecanismo de Ley la Segunda Oportunidad, así como la lentitud del sistema judicial para resolver estos asuntos, circunstancia que atribuyen a una insuficiente dotación de recursos judiciales por parte de la Administración de Justicia. También plantean la conveniencia de la creación de un turno de oficio especializado en segunda oportunidad. El informe monográfico sobre la Segunda Oportunidad, ha sido elaborado por el profesor de Economía de la Facultad de Economía y Empresa de la UAB, Stefan Van Hemmer.

El presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Ignasi Puig Ventalló, ha anunciado que “desde la Abogacía institucional haremos llegar nuestras propuestas para reformar algunos aspectos de la Ley de la Segunda Oportunidad para hacerla más accesible y ágil, pero también es necesario que desde la Administración se haga más difusión, para que la ciudadanía tenga la información necesaria para poder acogerse “, ha asegurado. Para el presidente del Consell “esta ley, que fue promovida por la abogacía, ofrece una auténtica segunda oportunidad para aquellas personas que han quedado atrapadas en una situación de sobreendeudamiento que no pueden afrontar y que les impide remontar y empezar de nuevo su vida. La experiencia nos ha demostrado que funciona, basta con que nos pongamos al nivel de otros países europeos y potenciar su uso para que la ciudadanía se pueda beneficiar”.

Puig Ventalló también ha pedido “más recursos para poder mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, un elemento clave para un Estado social y democrático de derecho y una garantía de los derechos y libertades de la ciudadanía”.

La decana de la Facultad de Derecho de la UAB, Esther Zapater Duque, ha subrayado la importancia de los trabajos del Observatorio Social y Económico de la Justicia que, “a partir de la interacción entre la universidad y los profesionales del derecho socioeconómico, lleva a cabo el análisis de impacto socioeconómico de las reformas legislativas y del funcionamiento de los operadores de la justicia “. Y ha añadido: “Los dos trabajos que se presentan este año tienen por objetivo ofrecer un diagnóstico riguroso que permita a las administraciones implicadas adoptar las soluciones necesarias para dotar a los profesionales de los medios necesarios y garantizar a la ciudadanía sus derechos”.

Fuente: Consell de l’Advocacia Catalana