El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) se ha sumado a la campaña para denunciar la «ofensiva penal» contra el derecho de huelga, impulsada por CCOO y UGT a nivel estatal. El objetivo de esta campaña es defender el derecho de huelga y recordar que su ejercicio no es un delito, ya que, según representantes del ICAB «entre personas que ya tienen condena e imputados se suman más de 125 años de prisión por incidentes producidos en el ejercicio del derecho de huelga y el uso del artículo 315.3 del Código Penal».
Concretamente, el artículo en cuestión establece que se castigará con penas de seis meses a tres años de prisión y multa de seis a doce meses los que «actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga«.
Dentro del marco de esta campaña, el pasado jueves se celebró un debate en el Colegio de Abogados de Barcelona en el que participaron los secretarios generales de los sindicatos C.C.O.O. y U.G.T de Cataluña, Joan Carles Gallego y Josep Maria Álvarez, respectivamente, así como José María Mena, ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El acto estuvo moderado por el diputado de la Junta de Gobierno del ICAB, Vidal Masramon. También asistieron Eva Pous i Raventós y Mercè Claramunt, diputadas de la Junta de Gobierno del ICAB.
El exfiscal jefe del TSJC José María Mena constató que no hay jurisprudencia penal contra los empresarios y, en cambio, hay mucha contra los trabajadores que ejercen su derecho a huelga, por lo que concluyó que el artículo 315 es «desigual». «El problema de la jurisprudencia es determinar cuándo hay proporcionalidad, y en esto no hay unanimidad», dijo.
Por su parte, el líder de CC.OO. de Cataluña alertó de que en España hay más de 90 procedimientos abiertos a casi 300 sindicalistas a quienes se están pidiendo penas de prisión «solo por haber ejercido su derecho a huelga» o haber pedido a otros compañeros a que lo hicieran, mientras que no se ha procesado a ningún empresario por bloquear este derecho.
Gallego criticó la falta de igualdad de la justicia española y pidió la derogación del artículo: «Sería muy triste ver cómo se permite que delincuentes confesos sigan libres y puedan disfrutar de sus vacaciones en Queralbs o donde sea, y compañeros entren en prisión por ejercer su derecho a huelga».
«Estamos ante una ofensiva para intentar poner el miedo en el cuerpo, y así, no sólo perdamos derechos, sino que no tengamos la ocasión de defenderlos en la calle», manifestó Álvarez, que consideró que esta ofensiva va dirigida a debilitar los sindicatos.
