La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha enviado a todos los grupos políticos con representación parlamentaria un documento con una propuesta de enmiendas al proyecto de la Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, publicado el pasado 12 de junio en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
AEDAF considera inadmisible que, dentro de una ley orgánica que está llamada a velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, se introduzca a última hora una enmienda que sortea los dictámenes de órganos consultivos como la Abogacía del Estado, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial. La Asociación afirma en su documento estar plenamente de acuerdo con “la necesidad de abrazar la modernización tecnológica y la indudable utilidad de los medios informáticos de tratamiento de información en la mejora de la eficiencia administrativa y la lucha contra el fraude fiscal”.
Sin embargo, según los expertos de AEDAF, “mientras el Proyecto impone un exhaustivo régimen de cumplimiento y sanciones al sector privado, consagra simultáneamente un régimen de opacidad, inmunidad y excepcionalidad injustificada para la Administración Pública y, de forma muy particular, para la Administración Tributaria”. Y añaden: “bajo el legítimo pretexto de la prevención del fraude y la eficacia del sistema, se pretende instituir un blindaje cuasi absoluto de las administraciones tributarias, lo que podría expulsar de facto a jueces y tribunales de su potestad de control y abocar al ciudadano a la más absoluta indefensión material”.
La norma persigue establecer un marco que promueva la adopción de una Inteligencia Artificial (IA) “fiable, ética y centrada en el ser humano” y que vele por sus derechos fundamentales, tal y como exige la Unión Europea en su Reglamento de Inteligencia Artificial 2024/1689. Sin embargo, a juicio de los expertos de AEDAF, “fomentar una falsa apariencia de transparencia choca frontalmente con los objetivos de gobernanza de ese reglamento”. En su opinión, esta falta de transparencia podría vulnerar los derechos más fundamentales de los contribuyentes, como el derecho a la igualdad, el derecho a la intimidad y a la protección de datos, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo.
La propuesta de enmiendas elaborada por AEDAF ha sido remitida a todos los grupos parlamentarios del país para su examen y consideración.
