La Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que perfecciona el Registro de Ofensores Sexuales, disponiendo que la inhabilidad para trabajar con menores será perpetua.

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A poco más de tres meses de haber ingresado el proyecto en el Congreso, por 149 votos y de forma unánime, la Sala de la Cámara de Diputados, aprobó el la iniciativa de ley que mejora el funcionamiento del Registro de Inhabilidades para trabajar con menores de edad, remitiéndolo a su segundo trámite en el Senado.

La iniciativa fue ingresada el pasado 5 de noviembre de 2018, siendo remitida a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde fue aprobada de carácter general y en particular de forma unánime por sus integrantes.

Hernán Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile manifestó: “Es muy grave que haya personas condenadas por delitos sexuales contra menores, y puedan hacer clases en colegios, transportar escolares, o trabajar con niños, niñas y adolescentes en cualquier otra actividad.”

El jefe de la cartera de Justicia y Derechos Humanos explicó que con esta iniciativa el gobierno chileno busca proteger a las familias de todo el país, para que sus hijos e hijas no se vean expuestos a relacionarse con personas condenadas por estos delitos, haciendo perpetua su inhabilidad para todo tipo de casos.

De hecho, este proyecto, entre otras cosas, establece la obligación de los fiscales de solicitar siempre la pena de inhabilitación absoluta perpetua para trabajar con menores de edad a quienes cometan delitos sexuales contra ellos.

Asimismo, la iniciativa exige a los fiscales que impugnen aquellas sentencias anteriores a la reforma que no fijen las penas de inhabilitación absoluta perpetua, para todo aquel que agreda sexualmente a menores de 18 años.

Por otro lado, el Fiscal Nacional deberá producir y dar a conocer un Informe Anual con las causas de condena por delitos sexuales contra menores de edad. A su vez, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberán publicar este informe en sus respectivas páginas web, resguardando los datos de carácter personal.

La iniciativa también prevé que la Corte Suprema deba dictar un protocolo para comunicar las sentencias de condena al Registro Civil, con el objetivo de mantener actualizado el Registro General de Condenas.

Sumado a todas estas medidas, con el proyecto aprobado, las Seremías de Educación, y de Transportes y Telecomunicaciones de todo Chile, junto a la Superintendencia de Educación, podrán acceder a ambos registros, para controlar que los colegios no cuenten con personal que haya sido condenado por delitos sexuales contra menores, así como para fiscalizar que los transportistas escolares no hayan sido enjuiciados por estos delitos previamente.

Siguiendo este orden de ideas, el proyecto ya aprobado en Diputados hace imperioso que todos los años, durante el mes de diciembre, el Ministerio de Transportes revise a toda la flota de transportistas escolares del país, para que sus choferes y acompañantes no tengan condenas por delitos sexuales contra menores, retirándole los permisos a quienes incumplan la normativa.

Fuente: Ministerio de Justicia, Chile