desahuciosA la vuelta de vacaciones, en el Consejo de Ministros del próximo 29 de agosto, previsiblemente, el Gobierno de Mariano Rajoy ajustará la ley hipotecaria a las exigencias del Derecho Europeo, después de la contundente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara la normativa hipotecaria española como abusiva y poco ajustada a la legislación comunitaria.

Tras esta sentencia, asociaciones de ciudadanos, organizaciones de consumidores, grupos políticos y despachos de abogados de toda España pidieron la suspensión cautelar de las ejecuciones y subastas, hasta que el Ejecutivo español enmendara los fallos de una ley aprobada en mayor 2013, tras otro tirón de orejas de la Unión Europea al Reino de España.

Tras el rapapolvos de alto tribunal europeo, el segundo en poco tiempo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, informó de que la modificación de la Ley Concursal que el Gobierno aprobará a finales de agosto, se utilizará para cumplir la sentencia del Tribunal de Luxemburgo. La intención del Ejecutivo es “parchear” la normativa, a través un decreto ley, el mecanismo más utilizado por el Gobierno de Rajoy para legislar. Sin embargo, la mayoría de los partidos de la oposición, asociaciones de consumidores e incluso juristas han abogado por acometer una reforma de la legislación hipotecaria “en profundidad para adaptarla a las directivas europeas y que acabe con la barra libre de cláusulas abusivas bancarias”.

El pasado 17 julio, el TJUE emitió una sentencia que confirmaba lo que muchos juristas y asociaciones de defensa de los consumidores venían clamando: la legislación hipotecaria española viola la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la reforma Ley Hipotecaria 1/2013 no ha acabado con la desprotección de los ciudadanos frente a las entidades financieras y sus cláusulas abusivas, que incluyen en los contratos.

El alto tribunal europeo afirma en su sentencia que ha aumentado la situación de inferioridad de los deudores frente a los bancos al hipotecar la vivienda. Este desequilibrio se reproduce en el ámbito procesal, o sea, en los juicios de desahucio y se ha acentuado por la reforma de la ley de enjuiciamiento civil por la ley antidesahucios. Así, en el caso analizado por el tribunal, la indefensión viene derivada del hecho de que el cliente que invoca el carácter presuntamente abusivo de alguna cláusula de su contrato hipotecario no tiene posibilidad de recurrir si en primera instancia ve rechazada su demanda. En cambio, si esa misma instancia le da la razón, la entidad financiera sí que puede recurrir la decisión.

Cláusulas abusivas

La sentencia de la Unión Europea ha estado motivada por una cuestión prejudicial planteada a Bruselas por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Castellón en un caso de ejecución hipotecaria a unos clientes del BBVA mediante Auto de fecha 02 de abril de 2014. En el auto se afirmaba que la ley 1/2013 vulnera en el derecho a la tutela judicial efectiva el artículo 47 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Directiva 93/13 en materia de consumidores.

La ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios -conocida como ley antidesahucios- amplió los casos en los que un deudor puede oponerse a la ejecución iniciada por el banco al introducir la posibilidad de alegar la existencia de cláusulas abusivas. Pero Gobierno español dio un alcance limitado a estos casos, lo que no ha gustado al Tribunal de Luxemburgo: “La normativa española sólo prevé una somera revisión judicial del potencial carácter abusivo del contrato, revisión que no es obligatoria sino meramente facultativa”.

El bufete Navas & Cusí ha sido uno de los más activos en la guerra por reforma hipotecaria justa y sin cláusulas abusivas también ha pedido la suspensión cautelar de todas las ejecuciones hipotecarias. Este despacho especializado en derecho mercantil y financiero denunció ante la Comisión Española que la reforma de la Ley Hipotecaria seguía sin cumplir con las exigencias del derecho comunitario y afirma que va seguir luchando hasta conseguir una Ley Hipotecaria justa.

Sin embargo, las asociaciones de consumidores afirman que esta es también la oportunidad para acabar con las cláusulas abusivas de sistema financiero español, que siguen dejando al consumidor en la indefensión. Un buen ejemplo de esto son las cláusulas suelos de las hipotecas que persisten incluso pese a las sentencias desfavorables del Tribunal Supremo.

1 Comentario

  1. El Gobierno también parcheó el Reglamento General de Conductores tras el varapalo de la UE sobre el permiso de conducción. Efectivamente, el permiso de conducción debe renovarse cada 10 años hasta que el conductor alcance la edad de 65 años. Por ello, mediante el Reglamento General de Conductores y disposiciones complementarias determinó las enfermedades y deficiencias que pueden impedir la obtención o revisión de los permisos de conducción o restricciones a los mismos. La puerta quedaba abierta para obtener o prorrogar el permiso o licencia de conducción con períodos inferiores al de vigencia normal del mismo, cuando aquellas están regidas según criterio médico. A buen entendedor pocas palabras bastan

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