La Audiencia Nacional eleva así la cuestión de constitucionalidad ante el alto tribunal para que éste se pronuncie sobre si la citada norma «ha vulnerado o no el contenido esencial del derecho de libertad sindical», regulado en los artículos 7 y 28.1 de la Constitución, en relación con el derecho de negociación colectiva.
FeS-UGT, el sindicato que planteó la cuestión de inconstitucionalidad, valoró positivamente el auto de la Audiencia Nacional ya que, «sin prejuzgar la resolución final sobre el conflicto colectivo, apoya los argumentos presentados por este sindicato».
El sindicato defendió que los recortes salariales obedecen a la imposición de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y, en concreto, al director general de Ordenación de la Seguridad Social, Miguel Ángel Díaz Peña.
FeS-UGT acusa a Díaz Peña de no querer reconocer la regulación laboral del sector de estas mutuas, que cuenta con un convenio colectivo específico para los trabajadores, legitimado legalmente desde hace más de 30 años.
El sindicato solicita a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social que paralice dichos recortes salariales, así como los múltiples despidos que se están produciendo en las mutuas de accidentes de trabajo y que garantice el empleo en el sector, desbloqueando las contrataciones de trabajadores y regulando las condiciones laborales.
Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales cuentan con un convenio colectivo firmado en 2008, cuya vigencia finaliza en 2011. El pasado 20 de mayo, el Gobierno aprobó el Real Decreto que incluía el recorte salarial.
