Carnicer
Carlos Carnicer en una entrevista con Diario Jurídico en que se mostró muy crítico con el Anteproyecto

El Anteproyecto de Ley de 20 de diciembre de 2013 debe volver a pasar por el Consejo de Ministros para convertirse en un proyecto de Ley y empezar su recorrido en las Cortes. No se conoce aún la fecha exacta en que el ministro de Economía llevará la Ley al Consejo pero según el Consejo General de la Abogacía podría ser en las próximas semanas.

Ante esta posibilidad, el Consejo, que agrupa los colegios de abogados de España, ha querido reiterar su oposición al texto del anteproyecto. Para Carlos Carnicer, su presidente: “la Ley de Servicios y Colegios Profesionales no debe afectar a la garantía institucional que, en beneficio de los ciudadanos, recoge la Constitución Española y tal y como está redactado el texto, no satisface estos derechos”.

La asociación de las profesiones colegiadas españolas, Unión Profesional (UP), se opone también a muchos aspectos del texto ya que, entre otras medidas, se reducirán en más de la mitad el número de profesiones con colegiación obligatoria.

Unión Profesional reconoce que se incluyen aspectos positivos, como el tratamiento favorable para desempleados y la tipificación del ejercicio de profesión irregular como infracción, pero en general echan en falta otros elementos “de significativo impacto en los derechos de la ciudadanía”.

La Abogacía tiene también algunos motivos particulares de oposición. Uno de ellos es la división de la profesión entre abogado y asesor jurídico, esta segunda figura sin necesidad de coligación; la reducción del número de colegios al ámbito provincial o la eliminación de la cuota de acceso al colegio. Aún así, parece que finalmente el proyecto no incluirá como lo hacía inicialmente la posibilidad de que el abogado asuma las tareas del procurador.

En una entrevista publicada este mes en Diario Jurídico, el ministro de Justicia, Albero Ruíz Gallardón, adelantó que no habría “ningún cambio sustancial respecto al anteproyecto de ley ya aprobado”, aunque sí que reconoció que habían propuesto “algunos ajustes en aspectos que afectan a los abogados y a los procuradores”.

Desde algunos Colegios de Abogados, sin embargo, la reforma se ha contemplado como algo positivo. Nazario de Oleaga, que durante 10 años fue decano del Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya, manifestó su apoyo al proyecto en una entrevista en Diario Jurídico: “creo que la colegiación voluntaria es mucho más beneficiosa por una sencilla razón: si los colegios de abogados hubiésemos hecho bien nuestro trabajo, hubiésemos atendido la responsabilidad deontológica que tenemos y no hubiésemos sido, simplemente, órganos que exclusivamente defienden a los abogados frente a los clientes, la Administración no tendría que encargarse de la cuestión deontológica”.

Otros se han opuesto frontalmente al Anteproyecto. Los Colegios de Abogados de Barcelona y Valencia anunciaron la semana pasada medidas conjuntas para oponerse a esta y otras reformas legales del gobierno.

2 Comentarios

  1. No queria pero procedo a dejar una observación sobre ese precioso apartado, de gran defensa colegial, impeditivo de la “conversión” de abogados en procuradores y que entiendo tenderia a limitar el gasto judicial.

    Creo que el tema me permite abrir la puerta para resaltar la que considero innecesariedad de postulación (procurador) cuando quien se defiende es el propio abogado. No enfrentemos colegios, pero no forcemos encuentros de carteras. Valoremos que puede hacer un procurador que además es abogado colegiado, que puede hacer un procurador que no es abogado en ejercicio y que puede haver un abogado en ejercicio y veremos que el debate no es inocuo.

    Además, este hecho, en el terreno privado puede ser objeto de mayor debate, pero en el campo público me parece de todo punto necesario aprovechar la norma para recuperar la defensa propia del funcionario de carrera, formado y acreditado para la defensa de sus derechos; y si éste además es abogado, pués más a favor de que no tenga que precisar la colaboración de ningún procurador (mayor gasto) para la defensa de sus derechos. El funcionario, asesor jurídico o abogado, siempre estará mas limitado economicamente que el abogado del sector privado y habiendo sido formado para la defensa de los derechos de la Administración y sus agentes, así como de los suyos propios, debe ponerse remedio a la ruptura impropia de su derecho a defenderse sin postulación ante los tribunales administrativos.

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