Tasas judicialesLa Confederación Española de Abogados Jóvenes ha convocado una concentración el próximo 20 de noviembre ante las puertas del Ministerio de Justicia para protestar contra las tasas judiciales, coincidiendo con el segundo aniversario de su aprobación. Según ha podido confirmar Diario Jurídico, el Consejo General de la Abogacía también apoyará la protesta y aplicará “todas las medidas que sean necesarias” para que se modifique la Ley de tasas y se asegure el derecho de acceso a la justicia a todos los ciudadanos.

Los letrados leerán un manifiesto en el que solicitan la derogación inmediata de la Ley de Tasas y, de forma subsidiaria, una reforma consensuada con todos los operadores jurídicos de la que se excluyan a personas físicas y pymes, con el objetivo de “evitar que se sigan vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos.”

“Durante los dos años de vigencia hemos podido comprobar que las tasas, a pesar de tener por objetivo, según la ley, sufragar el sistema de justicia gratuita y descongestionar los juzgados, tenían como verdadero y único afán el recaudatorio y en ningún caso los 512 millones recaudados por esta vía han sido revertidos en la Administración de Justicia”, lamentan des de la Confederación.

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado en varias ocasiones que una de sus prioridades es el “análisis” y la “mejora” en la aplicación de las nuevas tasas judiciales y ha dicho que buscará “un sistema equilibrado y proporcionado que no impida el acceso a la Justicia”, si bien ha descartado su derogación, como piden la mayor parte de profesionales jurídicos. Para la Confederación Española de Abogados Jóvenes, las declaraciones del ministro son “inaceptables” pues “cada día que pasa más ciudadanos ven impedido el acceso a la justicia por no poder hacer frente a las desorbitadas cuantías que se les requieren en concepto de tasa judicial, vulnerando así los artículos 14, 24.1 y 119 de nuestra Constitución”.

El Gobierno ha recaudado 512 millones de euros con las tasas judiciales desde que se empezaron a aplicar el 17 de diciembre de 2012 mediante la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, impulsada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Se suponía que las cantidades recaudadas irían a la justicia gratuita, cuyos beneficiarios se ampliaron, pero las comunidades autónomas que la reparten han protestado en varias ocasiones porque no ha sido así.

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