El Gobierno ha recaudado 512 millones de euros con las tasas judiciales desde que se empezaron a aplicar el 17 de diciembre de 2012 mediante la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, impulsada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Así lo ha afirmado el Ejecutivo a través de una respuesta parlamentaria al diputado del grupo socialista Miguel Ángel Heredia, que preguntó al Gobierno por las cantidades recaudadas.

Modelo 696

Según la contestación gubernamental, en 2012 la suma fue de 8,775 millones de euros, mientras que en 2013 ascendió a 316,536 millones y en lo que va de 2014 la cantidad alcanza los 187,157 millones de euros, lo que suma 512.468 millones de euros. Esta cifra muestra la suma de los ingresos obtenidos a través de las nuevas tasas (recogidos también en los informes de recaudación tributaria publicados por la Agencia Tributaria) junto a las que ya existían antes de aprobarse la nueva ley. Así, en 2013 se recaudaron 149 millones de euros a través de las nuevas tasas impulsadas por Gallardón y 167,5 a través del sistema que ya existía anteriormente.

En cuanto a distribución territorial, Madrid encabeza la lista de recaudación por comunidades autónomas con 139 millones, seguida de Cataluña con 96 millones y Andalucía con 54 millones. Ceuta y Melilla son las regiones que menos dinero han recaudado con 347.000 y 290.000 euros, respectivamente.

La nueva ley, tramitada con el carácter de urgencia ante las Cortes Generales, salió adelante con los votos en solitario del PP en el Senado y contempla incrementos de entre 50 y 750 euros en las tasas. Con su entrada en vigor, los ciudadanos han tenido que pagar por primera vez en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa.

La ley fue suavizada en febrero de 2013, pero aún así ha contado con el rechazo de la mayor parte del sector jurídico y ha sido una de las iniciativas más criticadas de Ruiz-Gallardón. Se suponía que las cantidades recaudadas irían a la justicia gratuita, cuyos beneficiarios se ampliaron, pero las comunidades autónomas que la reparten han protestado en varias ocasiones porque no ha sido así. 

El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha fijado entre sus prioridades al frente del Ministerio el “análisis” y la “mejora” en la aplicación de las nuevas tasas judiciales y ha asegurado que buscará “un sistema equilibrado y proporcionado que no impida el acceso a la Justicia”, si bien ha descartado la derogación, como piden varios sectores de la judicatura.

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