La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, aseguró el pasado viernes en Toledo que el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje aprobado por el Gobierno de España “es una respuesta con todos los derechos para la situación de aquellos jóvenes que están en paro y no tienen cualificación”.
En declaraciones a los medios de comunicación previas a su intervención en la mesa redonda “Salarios, productividad y negociación colectiva”, organizada por la Universidad de Castilla-La Mancha dentro del seminario “La desigualdad en el mercado de trabajo”, Rodríguez repasó las últimas medidas aprobadas por el Gobierno de España en materia laboral.
Así, detalló que el contrato para la formación y el aprendizaje pretende ofrecer a los jóvenes la oportunidad de “tener un puesto de trabajo en la empresa mientras mejoran su cualificación profesional”, pero además cuenta “con todos los derechos laborales y de protección social”.
“Tenemos muchos jóvenes en situación de desempleo que no cuentan con ningún tipo de cualificación, y a través de este contrato queremos facilitar que puedan tener un empleo y que a la vez adquieran formación”, señaló.
Además, recordó que se han incluido incentivos dirigidos a las empresas “muy importantes” para que animar a la utilización del mismo.
PROGRAMA PREPARA
Por otra parte, la titular de Empleo también destacó la prórroga del Programa PREPARA, dirigido a personas desempleadas que han agotado su protección por desempleo, y que pretende mejorar la preparación de estas personas para su vuelta al mercado de trabajo a través de un itinerario de inserción sociolaboral mientras reciben una ayuda económica de 400 euros.
En este sentido, mostró su satisfacción por el funcionamiento del programa, en el que hasta el momento se han invertido 241 millones de euros para atender a más de 150.000 personas. Concretamente, en Castilla-La Mancha son cerca de 10.000 beneficiarios.
Finalmente, Mari Luz Rodríguez hizo hincapié en otras dos medidas aprobadas, como es la ampliación del período para que se puedan transformar contratos temporales en otros de fomento de la contratación indefinida, y la prórroga del resarcimiento por parte del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) de 8 días de salario por despido objetivo.
La secretaria de Estado incidió, respecto a la primera medida, en que, desde la entrada en vigor de la Reforma Laboral, “el número de conversiones ha aumentado en torno a un 600%” y se consideraba necesaria una ampliación del plazo para que se puedan llevar a cabo tales conversiones debido a que “era algo que estaba funcionando bien”.
En cuanto a la segunda, subrayó que se persigue “avanzar en la reducción de la dualidad de nuestro mercado de trabajo” a la vez que se refuerza la causalidad del despido ya que, a partir del 1 de enero de 2012, será únicamente de aplicación en aquellos despidos considerados procedente. “Es decir”, puntualizó Rodríguez, “sólo para aquellos despidos en los que el juez diga que el empresario tiene razones justificadas para llevarlo a cabo”.
