A su vez, la normativa comunitaria tampoco se vulnera al imponer que el 60% de este porcentaje se destine forzosamente a la producción de obras de cualquiera de las lenguas oficiales de España, según la sentencia.

La sentencia reconoce que la obligación de destinar un determinado porcentaje a la financiación de obras cuya lengua original sea una de las oficiales de España es una restricción a varias libertades fundamentales: a la libre prestación de servicios, a la libertad de establecimiento, a la libre circulación de capitales y a la libre circulación de trabajadores.

Sólo pueden justificarse estas restricciones por razones imperiosas de interés general, siempre que sea adecuada para garantizar la realización del objetivo perseguido y no vaya más allá de lo necesario para lograrlo.

Según los argumentos expuestos, el TUE señala que la directiva no contiene ninguna disposición que regule la cuestión de saber en qué medida un Estado miembro puede obligar a los operadores de televisión a destinar una parte de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada de películas cinematográficas y para la televisión europeas o cuya lengua original sea una de las oficiales de dicho Estado miembro.

De este modo, los Estados miembros están facultados para prever normas más estrictas o más detalladas que las contenidas en la norma. Sin embargo, tal competencia debe ejercerse respetando las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado.

El Tribunal de Justicia considera a su vez que las razones culturales de defensa del multilingüismo español, en las que se basa la medida controvertida, constituyen una «razón imperiosa de interés general». Dicha medida resulta adecuada para garantizar la consecución de este objetivo y no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido.

En lo que se refiere a la compatibilidad de la legislación española con la normativa en materia de ayudas de Estado, el Tribunal de Justicia declara que la ventaja que proporciona la medida controvertida a la industria cinematográfica no constituye una ventaja otorgada directamente por el Estado o por medio de un organismo público o privado designado o instituido por este Estado.
Por este motivo, el TUE llega a la conclusión de que las medidas en causa no constituyen una ayuda del Estado en beneficio de la industria.

Este dictamen responde a un recurso interpuesto por la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) ante el Tribunal Supremo. En él se solicitaba la anulación de la legislación española por considerar que vulnera el derecho comunitario. Por ello, el Tribunal Supremo decidió preguntar al TUE si la normativa española es compatible con la directiva sobre radiodifusión televisiva y con determinadas disposiciones del Tratado.

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